La información de
El Mundo afirmaba que en una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, los magistrados Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps se mostraron favorables a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC), en cuanto prorrogaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente. Esa información sirvió para que el PP, a través de sus diputados Ignacio Astarloa y Federico Trillo articulase las recusaciones.
Sin embargo, los seis magistrados que estuvieron en esa reunión, entre ellos el vicepresidente conservador Guillermo Jiménez, y el magistrado de ese mismo sector Ramón Rodríguez Arribas, firmaron una carta dirigida al presidente en funciones, Vicente Conde Martín de Hijas, en la que aseguraban que "lo hablado por cada uno de nosotros en la reunión del 12 de junio (...) no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida por el diario
El Mundo del 25 de octubre".
Además, el 14 de noviembre, el magistrado Ramón Rodríguez Arribas insistió en que, contra lo expuesto en
El Mundo, "en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora de la LOTC, nadie propuso la celebración de una conferencia de prensa y que tampoco yo dije que se reservaba las opiniones para el Pleno".