Aunque me gustaría que la financiación de partidos se tocara también cuando se basa en favores a constructoras u otros amigos, los casos de EXTORSIÓN como éste son una prueba más de la catadura moral de quien los lleva a cabo.

Tales exigencias a trabajadores ajenos al devaneo político pueden tener muchos nombres y no es lo que se pide, que por ello no quede, sino quien a quien lo hace y como amenaza de no cumplirse aquellas.

Esta conducta escandalosa, impropia de un Estado de Derecho, debe cesar de inmediato, sin perjuicio de que se investiguen los pagos ya realizados. Una cosa es que la financiación de los partidos sea un terreno siempre rodeado de claroscuros, y otra aceptar la extorsión a determinadas personas, especialmente vulnerables por la precariedad de su situación laboral o administrativa. Sería ingenuo no sospechar que la operación alcanza también a otros ámbitos con muchos más recursos económicos y capacidad de decisión.
ABC, por una vez, dice y dice bien.

Un saludo.