Los sistemas de aseguramiento, frente a la enfermedad, el paro o la incapacidad, es el núcleo vital de las sociedades modernas. A partir de la revolución industrial los trabajadores crearon depósitos de ayuda mutua, asociaciones de apoyo gremiales, llegando a convertirse en parte del derecho, institucionalizadas como las Krankenkasse, por nada menos que el Canciller de Hierro, Otto Von Bismark hace unos 130 años.

Desde entonces los distintos estados incorporan dicha protección al derecho de sus ciudadanos, obteniendo la financiación mediante cuotas aportadas por los trabajadores (pues aunque las pague el empresario, corresponde al salario no abonado al trabajador) aunque en la actualidad, y en particular la sanidad española, la financiación procede de los presupuestos del estado, la mayoría obtenidos mediante un sistema de distribución de la riqueza proporcional, el IRPF. Y la protección se ha extendido a todas las personas, trabajadoras o nó, se ha hecho universal.

La gestión de estos servicios públicos no siempre se ha hecho correctamente, por un lado por no estar profesionalizado sino politizado los órganos de gestión, las direcciones en los distintos niveles, y por otro porque el sistema funcionarial, que permite tener un grupo de trabajadores con una inversión de PIB muy inferior al que correspondería a sus cualificación, conlleva una dificultades casi insalvables para introducir herramientas de gestión privada que maximicen el resultado/coste, eficiencia.

De lo anterior, del clientelismo político, de decisiones partidistas, se ha creado hospitales, centro de salud, redes duplicadas y desorganizadas, no se han respetado los presupuestos, se ha ido haciendo agujero (déficit que el siguiente presupuesto tapará) como manera de conseguir más recursos, derechos ampliados sin programa económico para ellos, creando más agujero dentro de las propias Comunidades y, por ende, en el Estado.

Llegada la época del NO HAY DINERO NI LO HABRÁ, de pronto, bueno, sabiéndolo todos pero haciendo el avestruz unos y el buitre otros, qué hacemos con unos servicios sanitarios, sociales, de desempleo...... que no tenemos dinero y nadie lo presta, cómo tapamos ese agujero, ahora ya negro, que se ha ido haciendo.

Pues planteémos que nivel de prestaciones aseguramos a todos, qué estructuras realmente necesitamos para ello, qué gestores han mostrado su calidad para conseguir resultados eficientes, vengan de lo público o de lo privado, introduzcamos mecanismos eficaces de incentivos, animémos a los profesionales a la mejor gestión de los recursos, al fin y al cabo solo ellos saben cómo y solo ellos pueden hacerlo, creemos un movimiento hacia la calidad total, que implica la satisfacción de todos también, ajustemos los presupuestos a lo prioritario y demos servicios iguales a todos, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia.

Lo que no es solución es transferir la inversión de decenas de generaciones, la gestión del patrimonio más importante del Estado, a manos privadas, la desarticulación del Estado Social al Liberalismo sin control donde antes de eficiencia se busca ahorro, el beneficio no se entiende como mejora de la salud sino como rentabilidad económica, donde las prestaciones se evaluaran no por los años de vida ajustado por calidad de vida que reportan a la sociedad sino por el montante en el presupuesto que suponen.

Tampoco es solución el cosificar a los profesionales, el dejarles indefensos al pasar desde un sistema funcionarial casi proletario a uno de mercado liberal sin garantías, de tener gestores del conocimiento a piezas intercambiables de una maquinaria cuyo único fin es la cuenta de resultados.

Este sería el peor de los escenarios, la subasta del corazón que hace funcionar la cohesión social, el sanese el que pueda y vuelvan al siglo XVIII el resto.