Es evidente que las opciones del Supremo no son buenas, en ningún caso, como se comenta en el artículo.

Sin embargo, yo sí creo que hay una claramente mejor que las otras: desistir de la euroorden, no presentar ningún recurso a la justicia europea y dejar que el señor Puigdemont siga tranquilamente en Alemania; entonces hay tres opciones:

1) Juzgarle en España, si retorna antes de 20 años
2) Darle la bienvenida, si retorna después de 20 años
3) Si sale de Alemania a otro país, decidir si se prueba suerte de nuevo, o no. Recordemos que es un asunto jurídico, donde caben distintas interpretaciones. La de los jueces de Schleswig-Holstein (y la mía personal) es que no hay fundamentación para el delito de rebelión (o, más bien, que los actos del acusado, no constituirían en Alemania un delito de alta traición); pero los fiscales de Schleswig-Holstein, opinan justo lo contrario. Si el señor Puigdemont hace un viaje a París, y es arrestado allí... ¿quién sabe lo que diría un tribunal francés?.

En cualquier caso, la instrucción del juez Llarena es más bien frágil, y no tiene fundamentos lo suficientemente sólidos. En España, y con la ley española en la mano, no sólo esos ciento y pico juristas piensan que no ha habido delito de rebelión, son muchos más. Si se hiciera una encuesta, creo que serían bastante más del 50%. Aparte de eso, el acordar prisión provisional y todo el tema de las euroordenes (no es que no haya funcionado el mecanismo, como hemos oído y leído hasta la saciedad; es que la petición del juez Llarena, y antes de la Audiencia Nacional, no respondía al funcionamiento correcto de ese mecanismo), se ha gestionado también mal.

Lo que sugiere el artículo, que a estas alturas la Fiscalía cambie la valoración de los hechos, se supone que bajo órdenes del Gobierno, sería otro error, y que solamente serviría para ahondar aún más en el sainete. Lo pertinente es llegar a juicio lo antes posible, que se dicte sentencia (en el caso del delito de rebelión, casi con toda seguridad absolutoria), y se cierre el tema, al menos para los acusados presentes en el juicio. A partir de entonces, si tras un tiempo el poder politico quiere aplicar medidas de gracia, adelante.