https://ctxt.es/es/20230301/Firmas/4...tin-Urriza.htm
Alegar que se van por inestabilidad jurídica es un claro gesto político con el que el consejo de administración de la compañía entra en la campaña de un año electoral
Ferrovial solo ha pagado impuestos en tres años de la última década. En los seminarios de la Agencia Tributaria se pone a esta empresa y a la familia que la dirige como paradigma de la ingeniería fiscal y financiera. Desgraciadamente no es un fenómeno aislado, las grandes empresas hace tiempo que desertaron del sostenimiento de lo común. Por ejemplo, los mayores grupos del sector de la construcción, aquellos con una cifra de negocio superior a 500 millones, nunca han pagado más del 2% de sus beneficios en el impuesto de sociedades desde 2016. Y aquellos que ingresan más de 1.000 millones pagan menos del 1%.
las multinacionales han escrito las reglas de la globalización a su medida. Consiguieron que los beneficios obtenidos en el extranjero quedaran exentos cuando los repatriaban (en España lo están al 95%), a pesar del desempleo que generaron con la deslocalización de su producción y las deducciones que se aplicaron en el impuesto sobre sociedades para financiar la internacionalización
Ahora, frente a la reglobalización, desde la Comisión Europea se lanza el mensaje de que hay que subvencionar a las grandes empresas para que no se vayan a Estados Unidos.
Pero, ¿quién nos asegura que desfiscalizar o subvencionar a las grandes corporaciones será suficiente para calmar al algoritmo inhumano de acumulación constante de capital con el que están programadas?
España es uno de los países más ricos del planeta, una de las cuatro grandes economías de la Unión Europea y la calidad de su democracia es indiscutible, aunque es cierto que hay problemas graves para la renovación de los órganos de dirección del Poder Judicial por la cerrazón del primer partido de la oposición. ¿Será esto lo que temen los dueños de Ferrovial?, que se renueven las altas salas de la judicatura, que la Audiencia Nacional cambie de personas y criterio, y en el futuro ya no libre a las grandes constructoras –como hizo recientemente– de la sanción que les impedía acceder a 30.000 millones en contratos públicos por haber amañado las licitaciones para obras públicas durante un cuarto de siglo, entre 1992 y 2017.
Saludos



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