La reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que extiende el canon por copia privada a los soportes digitales, finalizó ayer en el Congreso su trámite parlamentario, que ha estado marcado por la polémica entre las entidades de gestión, el sector empresarial y los usuarios.
El nuevo texto, cuyo objetivo es trasponer a la legislación española el contenido de la directiva europea sobre la Sociedad de la Información, ha satisfecho las espectativas de las entidades de gestión de los derechos de autor, pero ha provocado el rechazo de la Plataforma Todoscontraelcanon –integrada por una veintena de asociaciones de internautas, industria, sindicatos y usuarios– y los recelos de los productores de música (Promusicae).

La norma define qué es la copia privada de una obra y extiende a los soportes digitales el 'canon' –sistema de remuneración compensatoria para los autores por los perjuicios que dicha copia les provoca–, del que quedan exentos las líneas de ADSL, los discos duros y determinados casos relacionados con la enseñanza o las personas discapacitadas, entre otros.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que agradeció a los Ministerios de Industria y Cultura y a los grupos parlamentarios el trabajo realizado, opina que esta ley deja "meridianamente claro" que "todos los dispositivos y soportes idóneos para almacenar obras protegidas" estarán gravados con el canon, entre ellos los MP3. Para la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) esta ley es "un paso más en la racionalización del sector cinematográfico", mientras que Abel Martín, de AISGE –entidad que gestiona los derechos de actores, bailarines, dobladores y directores de escena– cree que se ha buscado "un equilibrio de intereses", algo "complicado porque todo el mundo tiene que ceder".

Sin embargo, la Plataforma Todoscontraelcanon insistió en que es "injusto establecer un gravamen de forma indiscriminada" y advirtió de que la ley se ha aprobado en contra de consumidores y profesionales. Además, la Asociación de Internautas no descarta iniciar acciones legales contra la reforma porque "deja desprotegidos a los usuarios".

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