Ejercicio 2021: La declaración con el fraude correspondiente a este año se presentó en julio de 2022.
Julio 2023: Fuera de todo plazo legal y a sabiendas de que ya estaba siendo investigado, González Amador intentó realizar una
regularización fiscal voluntaria mediante declaraciones complementarias e ingresó unos 600.000 euros para tratar de neutralizar el delito penal.
La ley determina que una regularización no anula el delito si se realiza una vez que Hacienda ya ha notificado formalmente el inicio de una investigación. Al percatarse de que el ingreso no frenaría la vía penal, el empresario llegó a solicitar formalmente que Hacienda le devolviera ese dinero.
A día de hoy el Juzgado de instrucción decretó apertura de juicio oral por los siguientes cargos:
Dos delitos contra la Hacienda Pública (fraude fiscal).
Un delito de falsedad en documento mercantil.
Un delito continuado contable.
Pertenencia a organización criminal (añadido a petición de las acusaciones populares).