Así, el Ayuntamiento de Madrid pasa de 70 a 24 consejeros según la nueva ley, al acordar Aguirre un
límite máximo de representación del 30%, que ahora cuestiona el recurso. El texto introduce otros
ejemplos que reflejan las desviaciones proporcionales que impone la nueva Ley de Cajas.
Barcelona, con 81 sucursales, queda reducida a un consejero tenía 8, idéntica representación que Colmenar
Viejo, que tiene cuatro oficinas. Otro municipio madrileño controlado por Aguirre, Majadahonda, refuerza
su presencia con 14 consejeros aún teniendo menos depósitos que la Ciudad Condal y la octava parte de
sucursales.
El recurso considera que la Ley de Cajas "subvierte el principio básico de igualdad entre comunidades en
proporción a la cifra de depósitos en ellas captados". La nueva ley otorga a los ayuntamientos madrileños
76 de 80 representantes, el 95%, y al resto de comunidades cuatro consejeros, el 5%. Al aplicar un sistema
de "proporcionalidad estricta", a Madrid le corresponderían en realidad 55 representantes (el 68,7%) y al
resto de territorios 25 (el 31,25%).