La juez Núñez Bolaños descartó que hubiera indicios de la existencia de una
"red clientelar" vinculada al PSOE acaparando las ayudas para los cursos o que los fondos millonarios se repartieran con criterios de "clientelismo político", y
no vio "significativo" que hubiera "39 empresas que tienen alguna vinculación con el Partido Socialista" que habían recibido subvenciones, dado el enorme volumen de beneficiarios que en ese periodo recibieron fondos públicos para ese fin. Además, la Fiscalía Anticorrupción también
pidió que se archivara el caso al apreciar "ineficacia" y "defectos administrativos" en la actuación de la Junta, pero no delitos.
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"Si de las diligencias por practicar resultara que efectivamente existen irregularidades en los expedientes que no son producto de
una pérdida accidental de documentos o a una mala gestión informática; que se han concedido subvenciones a sujetos no aptos, que no se han realizado cursos; que no existía en la práctica control técnico-económico ni de los compromisos de contratación, que de los incumplimientos ha derivado quebranto económico para la administración; que la concesión y gestión de las subvenciones se hacía ad libitum e arbitrum,
habría base para continuar el procedimiento por este delito -
en referencia a la prevaricación-", afirmó en su escrito el juez.