Los encuentros registrados desde marzo dieron continuidad a los habidos ya antes del alto el fuego y que permitieron alcanzar una serie de compromisos y garantías para desarrollar el proceso.
Así,
lo pactado recogía, además del reconocimiento de Euskal Herria, el compromiso del Gobierno español de respetar las decisiones de los ciudadanos vascos. Los acuerdos concernían al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa Garaia, y se establecía que los acuerdos políticos debían alcanzarse entre los partidos y agentes vascos.
El Ejecutivo se comprometía también a aceptar sin ninguna limitación el contenido del acuerdo político alcanzado entre las formaciones vascas, y se establecía que la legislación vigente no sería una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio. El Gobierno adquiría también el compromiso de lograr un pacto de Estado basado en esos principios.
Asimismo, se comprometía a cumplir una serie de garantías: la disminución de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales; el respeto «de facto» de la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de formaciones y sin limitaciones de derechos; y que no hubiera detenciones por parte de los diferentes cuerpos policiales.
ETA, por su parte, se comprometía a decretar un alto el fuego permanente, y a no realizar acciones de abastecimiento de armas ni explosivos.